Organizaciones demandan al Estado Nacional por la sanción de un decreto que criminaliza a las poblaciones migrantes y atenta contra sus derechos.

Las organizaciones CAREF, CELS y COPADI presentaron el lunes 13/02 un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que reforma la Ley Nacional de Migraciones 25871/2004.

La demanda fue presentada por la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo por la Diversidad (Copadi), entendiendo que dicha medida representa una fuerte restricción a los derechos de las personas migrantes y constituye un retroceso en la construcción de una sociedad más inclusiva.

El DNU firmado por el presidente Mauricio Macri modifica una norma creada en base a un fuerte consenso social mediante una herramienta extrema, utilizando datos estadísticos sesgados que no justifican la apelación a la necesidad y urgencia.

Las organizaciones firmantes cuestionan el DNU 70/2017 en base a los siguientes argumentos:

  • No hay razones de necesidad y urgencia que justifiquen la medida. Los datos estadísticos utilizados por el propio poder ejecutivo dan cuenta de que la problemática criminal asociada a la población extranjera representa una porción muy pequeña del total, que además se ha mantenido estable desde los últimos años. Es decir, no hay ninguna circunstancia excepcional que amerite esta medida.
  • Es preocupante que entre los argumentos del decreto se apele a la figura de situaciones de “público conocimiento” sin explicitar a qué se hace referencia. Entendemos que un DNU que modifica una ley nacional no puede justificarse por expresiones que han circulado en la opinión pública.
  • En el texto del DNU se hace mención a la necesidad de reducir los plazos para la ejecución de las resoluciones dictadas por el poder ejecutivo, pero no se evalúa dónde se encuentran las demoras.
  • El contenido del decreto representa un claro retroceso en la política migratoria vigente al crearse un procedimiento especial para migrantes sujetos a trámite de expulsión que reduce abruptamente los plazos para la presentación de recursos (a apenas 3 días hábiles), a la vez que limita el acceso a la defensa pública.
  • Este procedimiento especial, concentra facultades en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), un órgano de carácter administrativo, limitando la revisión de instancias superiores y del poder judicial. También, entre las facultades que el DNU otorga a la Dirección Nacional de Migraciones, se encuentra la de determinar la veracidad de los vínculos familiares invocados por los migrantes a la hora de solicitar la excepción a la sanción de expulsión, en virtud del principio de unidad familiar.
  • El decreto introduce reformas a la ley migratoria que agravan las sanciones administrativas para los migrantes como consecuencia de los antecedentes penales. En este sentido puede interpretarse que, mediante este DNU, el Poder Ejecutivo está legislando en materia penal, hecho que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Si bien la expulsión no es en sí misma una sanción penal, puede decirse que los efectos de la norma administrativa son asimilables en su naturaleza a los efectos propios de la materia penal y por lo tanto, las modificaciones introducidas en la norma no deben hacerse mediante DNU.
  • El poder ejecutivo ha ignorado el impacto social que trae esta medida. Los argumentos invocados refuerzan aquellos discursos que relacionan a la migración con la inseguridad y la delincuencia, legitimando situaciones de xenofobia y discriminación hacia la población migrante y generando otras nuevas.

En síntesis, los fundamentos presentados por el poder ejecutivo resultan escasos a la hora de justificar un decreto de tan excepcional aplicación, que redundará en la utilización de la política migratoria como herramienta de política criminal. Este hecho representa un daño y una limitación a los derechos de las personas migrantes y de la ciudadanía en general que anhela vivir en una sociedad democrática e igualitaria.


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